El Estado no puede pretender que las aseguradoras pierdan dinero, pero además de mejorar el precio del contrato debería establecer un procedimiento de revisión de precios que permitiera que su duración fuera de al menos cinco años. En caso de abandonar el modelo actual deberían analizarse con cautela tanto las repercusiones para los pacientes como para la accesibilidad en el sistema público.

Se puede y debe planificar es la prevención y la respuesta que ofrecen las instituciones públicas a los desastres naturales. Resulta inexplicable que en un territorio donde se repiten las inundaciones no se cuente con un plan de prevención y otro de gestión de la emergencia.

Llama la atención que los servicios de salud no se propongan cambios profundos para intentar salir de la situación de crisis. La gravedad de la situación es objetiva, porque en algunas zonas básicas de salud la falta de médicos de familia o de pediatras hace que funcionen casi de manera habitual con planes de contingencia. En el ámbito hospitalario, las listas de espera quirúrgica y de consultas externas han crecido de
manera continuada desde diciembre de 2020.