En España, durante la pandemia por la COVID-19, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y también los parlamentos autónomos, abdicaron de su obligación de controlar al Gobierno durante los sucesivos estados de alarma. Esta renuncia fue declarada inconstitucional porque limitaba el derecho a la participación política de los diputados y una de las obligaciones del Congreso es el control de la acción del Gobierno, más importante todavía cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados.

Según el informe, una parte de los errores cometidos se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario. Entre ellos, se menciona la distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales, que además se amplió por las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica. A todo ello se sumó la falta de un sistema nacional de información. La pandemia también puso en evidencia el distanciamiento o desconocimiento entre el entorno sanitario y el sociosanitario, así como la falta de protocolos previos en las residencias de personas mayores.

Percibir la salud de la población como una misión asocia la intención con el contexto y trata de establecer una condición de actuación que sintetice la necesidad con una posición deseada, de una imagen no existente a posible, de afrontar la sensación generalizada de ineficiencia, insostenibilidad e imposibilidad de atender la demanda, de pretender unas condiciones de equilibrio -con dosis de racionalidad- en el buen funcionamiento de la dinámica real del sistema y crear valor.