El Sistema Nacional de Salud de España sufre graves problemas. Las listas de espera de los hospitales y la dificultad de acceso a la Atención Primaria ya han comenzado a pasar factura. La satisfacción de los ciudadanos con los servicios que reciben ha disminuido y aumentan las pólizas de seguros privados de salud.
La salud digital tiene un gran valor para la mejora de la calidad y de la eficiencia, y es de gran utilidad para la investigación y para la epidemiología. Pero siempre debe tenerse en cuenta que el empleo secundario de los datos debe cumplir rigurosamente los principios éticos y legales de protección de datos y otros derechos de los pacientes.
Lo ocurrido debería servir para que todos los servicios de salud revisaran lo sucedido y comprobaran varios aspectos de sus planes de contingencia.
Cinco años después, no se observa que el Ministerio de Sanidad ni los departamentos de salud de las comunidades autónomas hayan iniciado esa imprescindible transformación del sistema
de salud ni tampoco que hayan elaborado planes de contingencia para que no se repita una catástrofe como aquella.
El daño que se produce a una persona cuya intimidad ha sido vulnerada es enorme y además no tiene reparación, aunque se indemnice. El derecho a la intimidad merece que se considere una prioridad por los
servicios de salud para que se ponga remedio a una situación que resulta intolerable.
El Estado no puede pretender que las aseguradoras pierdan dinero, pero además de mejorar el precio del contrato debería establecer un procedimiento de revisión de precios que permitiera que su duración fuera de al menos cinco años. En caso de abandonar el modelo actual deberían analizarse con cautela tanto las repercusiones para los pacientes como para la accesibilidad en el sistema público.
Llama la atención que los servicios de salud no se propongan cambios profundos para intentar salir dela situación de crisis. La gravedad de la situación es objetiva, porque en algunas zonas básicas de salud la falta de médicos de familia o de pediatras hace que funcionen casi de manera habitual con planes de contingencia. En el ámbito hospitalario, las listas de espera quirúrgica y de consultas externas han crecido de
manera continuada desde diciembre de 2020.
La difícil situación que presenta nuestro Sistema Nacional de Salud se repite en otros países de la OCDE, que también mostraron durante la pandemia por COVID-19 su insuficiente preparación y planes inapropiados para responder a la emergencia.
En España, durante la pandemia por la COVID-19, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y también los parlamentos autónomos, abdicaron de su obligación de controlar al Gobierno durante los sucesivos estados de alarma. Esta renuncia fue declarada inconstitucional porque limitaba el derecho a la participación política de los diputados y una de las obligaciones del Congreso es el control de la acción del Gobierno, más importante todavía cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados.
Según el informe, una parte de los errores cometidos se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario. Entre ellos, se menciona la distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales, que además se amplió por las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica. A todo ello se sumó la falta de un sistema nacional de información. La pandemia también puso en evidencia el distanciamiento o desconocimiento entre el entorno sanitario y el sociosanitario, así como la falta de protocolos previos en las residencias de personas mayores.