Después del apagón
Lo ocurrido debería servir para que todos los servicios de salud revisaran lo sucedido y comprobaran varios aspectos de sus planes de contingencia.
Cinco años después. Las consecuencias de la pandemia
Cinco años después, no se observa que el Ministerio de Sanidad ni los departamentos de salud de las comunidades autónomas hayan iniciado esa imprescindible transformación del sistema
de salud ni tampoco que hayan elaborado planes de contingencia para que no se repita una catástrofe como aquella.
La seguridad de la información clínica debe convertirse en una prioridad
El daño que se produce a una persona cuya intimidad ha sido vulnerada es enorme y además no tiene reparación, aunque se indemnice. El derecho a la intimidad merece que se considere una prioridad por los
servicios de salud para que se ponga remedio a una situación que resulta intolerable.
La asistencia sanitaria a los funcionarios del Estado en la encrucijada
El Estado no puede pretender que las aseguradoras pierdan dinero, pero además de mejorar el precio del contrato debería establecer un procedimiento de revisión de precios que permitiera que su duración fuera de al menos cinco años. En caso de abandonar el modelo actual deberían analizarse con cautela tanto las repercusiones para los pacientes como para la accesibilidad en el sistema público.
El Sistema Nacional de Salud empeora
Llama la atención que los servicios de salud no se propongan cambios profundos para intentar salir dela situación de crisis. La gravedad de la situación es objetiva, porque en algunas zonas básicas de salud la falta de médicos de familia o de pediatras hace que funcionen casi de manera habitual con planes de contingencia. En el ámbito hospitalario, las listas de espera quirúrgica y de consultas externas han crecido de
manera continuada desde diciembre de 2020.
La crisis de los sistemas de salud de los países occidentales
La difícil situación que presenta nuestro Sistema Nacional de Salud se repite en otros países de la OCDE, que también mostraron durante la pandemia por COVID-19 su insuficiente preparación y planes inapropiados para responder a la emergencia.
Derechos fundamentales, corrupciones y corruptelas durante los estados de alarma
En España, durante la pandemia por la COVID-19, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y también los parlamentos autónomos, abdicaron de su obligación de controlar al Gobierno durante los sucesivos estados de alarma. Esta renuncia fue declarada inconstitucional porque limitaba el derecho a la participación política de los diputados y una de las obligaciones del Congreso es el control de la acción del Gobierno, más importante todavía cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados.
La evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia por COVID-19
Según el informe, una parte de los errores cometidos se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario. Entre ellos, se menciona la distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales, que además se amplió por las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica. A todo ello se sumó la falta de un sistema nacional de información. La pandemia también puso en evidencia el distanciamiento o desconocimiento entre el entorno sanitario y el sociosanitario, así como la falta de protocolos previos en las residencias de personas mayores.
Otra vez la epidemia estacional de virus respiratorios
Todos los años se repite la misma situación y al parecer ningún año se propone ninguna innovación para mejorar los planes de contingencia, que se muestran claramente insuficientes.
La equidad del Sistema Nacional de Salud se deteriora
Es necesario un cambio de modelo que garantice la equidad y por lo tanto, que se financie con fondos públicos, que permita una gestión más eficiente de los recursos y que no se empeñe en una autarquía propia de otros tiempos. Es indispensable que los recursos públicos no se gestionen como cualquier negociado de la administración pública, que la política de gestión de profesionales no consista en la tramitación administrativa de los asuntos de personal, que la contratación de recursos externos tenga su base y su razón de ser en la calidad, y que se aprovechen todos los recursos públicos y privados.