El daño que se produce a una persona cuya intimidad ha sido vulnerada es enorme y además no tiene reparación, aunque se indemnice. El derecho a la intimidad merece que se considere una prioridad por los
servicios de salud para que se ponga remedio a una situación que resulta intolerable.
El Estado no puede pretender que las aseguradoras pierdan dinero, pero además de mejorar el precio del contrato debería establecer un procedimiento de revisión de precios que permitiera que su duración fuera de al menos cinco años. En caso de abandonar el modelo actual deberían analizarse con cautela tanto las repercusiones para los pacientes como para la accesibilidad en el sistema público.
Llama la atención que los servicios de salud no se propongan cambios profundos para intentar salir dela situación de crisis. La gravedad de la situación es objetiva, porque en algunas zonas básicas de salud la falta de médicos de familia o de pediatras hace que funcionen casi de manera habitual con planes de contingencia. En el ámbito hospitalario, las listas de espera quirúrgica y de consultas externas han crecido de
manera continuada desde diciembre de 2020.
La difícil situación que presenta nuestro Sistema Nacional de Salud se repite en otros países de la OCDE, que también mostraron durante la pandemia por COVID-19 su insuficiente preparación y planes inapropiados para responder a la emergencia.
En España, durante la pandemia por la COVID-19, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y también los parlamentos autónomos, abdicaron de su obligación de controlar al Gobierno durante los sucesivos estados de alarma. Esta renuncia fue declarada inconstitucional porque limitaba el derecho a la participación política de los diputados y una de las obligaciones del Congreso es el control de la acción del Gobierno, más importante todavía cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados.
Según el informe, una parte de los errores cometidos se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario. Entre ellos, se menciona la distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales, que además se amplió por las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica. A todo ello se sumó la falta de un sistema nacional de información. La pandemia también puso en evidencia el distanciamiento o desconocimiento entre el entorno sanitario y el sociosanitario, así como la falta de protocolos previos en las residencias de personas mayores.
Todos los años se repite la misma situación y al parecer ningún año se propone ninguna innovación para mejorar los planes de contingencia, que se muestran claramente insuficientes.
Es necesario un cambio de modelo que garantice la equidad y por lo tanto, que se financie con fondos públicos, que permita una gestión más eficiente de los recursos y que no se empeñe en una autarquía propia de otros tiempos. Es indispensable que los recursos públicos no se gestionen como cualquier negociado de la administración pública, que la política de gestión de profesionales no consista en la tramitación administrativa de los asuntos de personal, que la contratación de recursos externos tenga su base y su razón de ser en la calidad, y que se aprovechen todos los recursos públicos y privados.
Cuando termina el período punta de las vacaciones y todas las comunidades tienen
su gobierno constituido, es el momento de volver a pensar sobre nuestro maltrecho
sistema de salud y sobre qué se puede hacer para que vuelva a ser la joya de la corona de nuestro estado de bienestar. La campaña electoral fue pobre en ideas y propuestas sobre la materia, y los discursos de investidura tampoco han sido especialmente brillantes en lo que se refiere a salud. Ahora es el tiempo de los gestores y de los técnicos, que son quienes deben proponer a la clase política qué hacer para salir de la situación actual.
Ya se han celebrado las elecciones municipales y autonómicas, y nos encontramos de nuevo en campaña electoral. El sistema de salud no ha sido uno de los asuntos importantes en las elecciones autonómicas y tampoco aparece por ningún lado entre la marejada de noticias sobre coaliciones y listas electorales que soportamos cada día. Es como si el problema no existiera o peor aún, no le importara a nadie. Más allá de los tópicos habituales, como los referidos a la “privatización” o la “defensa de la sanidad pública” o las menciones de pasada a las listas de espera o a la atención primaria, ningún partido ha mencionado cuáles son sus propósitos para mejorar nuestro sistema de salud.