La difícil situación que presenta nuestro Sistema Nacional de Salud se repite en otros países de la OCDE, que también mostraron durante la pandemia por COVID-19 su insuficiente preparación y planes inapropiados para responder a la emergencia.
En España, durante la pandemia por la COVID-19, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, y también los parlamentos autónomos, abdicaron de su obligación de controlar al Gobierno durante los sucesivos estados de alarma. Esta renuncia fue declarada inconstitucional porque limitaba el derecho a la participación política de los diputados y una de las obligaciones del Congreso es el control de la acción del Gobierno, más importante todavía cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos están limitados.
Según el informe, una parte de los errores cometidos se debió a problemas preexistentes en el sistema sanitario. Entre ellos, se menciona la distancia entre la salud pública y los niveles asistenciales, que además se amplió por las deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica. A todo ello se sumó la falta de un sistema nacional de información. La pandemia también puso en evidencia el distanciamiento o desconocimiento entre el entorno sanitario y el sociosanitario, así como la falta de protocolos previos en las residencias de personas mayores.
Todos los años se repite la misma situación y al parecer ningún año se propone ninguna innovación para mejorar los planes de contingencia, que se muestran claramente insuficientes.
Es necesario un cambio de modelo que garantice la equidad y por lo tanto, que se financie con fondos públicos, que permita una gestión más eficiente de los recursos y que no se empeñe en una autarquía propia de otros tiempos. Es indispensable que los recursos públicos no se gestionen como cualquier negociado de la administración pública, que la política de gestión de profesionales no consista en la tramitación administrativa de los asuntos de personal, que la contratación de recursos externos tenga su base y su razón de ser en la calidad, y que se aprovechen todos los recursos públicos y privados.
Cuando termina el período punta de las vacaciones y todas las comunidades tienen
su gobierno constituido, es el momento de volver a pensar sobre nuestro maltrecho
sistema de salud y sobre qué se puede hacer para que vuelva a ser la joya de la corona de nuestro estado de bienestar. La campaña electoral fue pobre en ideas y propuestas sobre la materia, y los discursos de investidura tampoco han sido especialmente brillantes en lo que se refiere a salud. Ahora es el tiempo de los gestores y de los técnicos, que son quienes deben proponer a la clase política qué hacer para salir de la situación actual.
Ya se han celebrado las elecciones municipales y autonómicas, y nos encontramos de nuevo en campaña electoral. El sistema de salud no ha sido uno de los asuntos importantes en las elecciones autonómicas y tampoco aparece por ningún lado entre la marejada de noticias sobre coaliciones y listas electorales que soportamos cada día. Es como si el problema no existiera o peor aún, no le importara a nadie. Más allá de los tópicos habituales, como los referidos a la “privatización” o la “defensa de la sanidad pública” o las menciones de pasada a las listas de espera o a la atención primaria, ningún partido ha mencionado cuáles son sus propósitos para mejorar nuestro sistema de salud.
La sucesión de huelgas de médicos durante los últimos meses ha tenido como consecuencia una mejora de sus retribuciones, la limitación del número de consultas diarias, la necesidad de autorización del médico para incluir nuevos pacientes cuando su agenda está completa, y la creación de consultas “de rebosamiento” para evitar las listas de espera en el primer nivel de atención.
La seguridad de la información clínica es consustancial a la asistencia sanitaria. Las leyes de protección de datos y de derechos del paciente han reforzado el concepto de secreto profesional de los médicos y otras profesiones de salud, porque ahora también se sanciona a aquellos profesionales que acceden indebidamente a la información clínica sin causa justificada, aunque guarden secreto de esa información.
Después de la pandemia por COVID-19 el Sistema Nacional de Salud se encuentra en una difícil situación que no parece mejorar con el transcurso del tiempo. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que corresponden a junio de 2022, lo que en sí mismo es un dato, indican que el número de pacientes en lista de espera quirúrgica es de 742.518 personas con una demora promedio de 113 días. Un 17,6% de esos pacientes esperan más de 6 meses su intervención quirúrgica.